Creemos necesario abordar el problema de la violencia doméstica en toda su dimensión, nos oponemos a tratar aisladamente el fenómeno llamado “violencia de género”, porque no acude a la raíz del problema, ni atiende a la realidad de los núcleos familiares, donde cualquier miembro de la familia es susceptible de padecer maltrato, especialmente los más vulnerables: ancianos y niños.
La familia es el núcleo esencial con el que se construye una sociedad. Protegiendo a la familia de la violencia, creamos individuos mejores para una sociedad mejor.
La LIVG es una ley sexista contra la que se han interpuesto más de 200 recursos de inconstitucionalidad. El hecho de que los citados recursos no hayan salido adelante no hace sino demostrar la baja calidad democrática de nuestro sistema político. Los mayores atropellos que se ejecutan mediante esta ley tienen que ver con la presunción de inocencia, con el derecho a la igualdad jurídica y legal sin distinción de sexo, el derecho a la tutela judicial efectiva y el uso del derecho de autor.
Nosotros partimos de la base de que cualquier iniciativa legal que no respete los derechos humanos sólo genera injusticia, tensión y fractura social y, por tanto, estará indefectiblemente abocada al fracaso.
- Abogamos por la creación de una Ley de Violencia Intrafamiliar (LEVIF) que proteja a todos los miembros de la familia por igual: mujeres, hombres, ancianos y niños. Una ley que proteja también a las parejas LGTBI. Los actuales Juzgados de Violencia se harían cargo de este tipo de procedimientos, pasando a denominarse Juzgados de Violencia Intrafamiliar. El personal debería ser formado con cursos específicos sobre violencia intrafamiliar, haciendo hincapié en todo tipo de familias y en la parte más débil, los menores. Con esto se contrarresta el efecto de aquellos cursos a los que están siendo sometidos sobre violencia de “género”. Lo fundamental es la formación desde la “perspectiva de la víctima, de todo tipo”, y no desde la perspectiva de género, donde solo se protege a las mujeres, dejando al resto de víctimas fuera del análisis y protección.
- Defendemos que cualquier solución integral a la violencia intrafamiliar debe partir del respeto a los DDHH a la Presunción de inocencia, derecho a la tutela judicial efectiva, derecho a un juicio justo, derecho al honor. Queremos restaurar el derecho de presunción de inocencia para todos los españoles. La presunción de inocencia es un derecho inexistente hoy día para la mitad de la población española: los hombres, cuando hablamos de procesos judiciales por violencia de género.
- La ley de violencia intrafamiliar debe llevar aparejada la modificación del Código Penal, en cuanto a los delitos leves, para contemplar los distintos grados de violencia y los sujetos intervinientes. Queremos despenalizar el delito leve de vejaciones. Con la reforma del Código Penal operada por la LO 1/2015 se despenalizaron las faltas. Sin embargo, las vejaciones leves sólo dejaron de ser delito cuando las ejercía una mujer. Es decir, que un insulto si es de un hombre a una mujer si es considerado un ilícito penal, y por tanto un delito, pero no en al revés y esto no debe permitirse en un Estado de Derecho, máxime cuando no hay igualdad para denunciar ni defenderse, y cuando, con una sola de estas denuncias, por vejaciones leves, una de las partes, el hombre, se ve perjudicado a la hora de luchar por la custodia de sus hijos.
- Pedimos la obligatoriedad de asistencia letrada para ambas partes en los procesos de violencia doméstica y, mientras no se haya aprobado la Ley de Violencia Intrafamiliar, en los delitos de violencia de género, procediéndose a la suspensión del juicio en espera que los ambas partes tengan representación legal y garantizando así el principio de igualdad de armas.
- Mientras la LIVG no sea reconvertida en una Ley de Violencia Intrafamiliar (LEVIF) Queremos crear un protocolo obligatorio de actuación del Ministerio Fiscal en caso de archivo o absolución en un procedimiento de violencia de género para averiguar de manera activa que es lo que ha sucedido con ese elevado porcentaje de archivos y sobreseimientos (cercano al 80% de los procedimientos). Nos podríamos encontrar en dos supuestos:
- a-. Que la víctima-denunciante no haya podido probar los hechos que denuncia, a pesar de ser ciertos, quedando totalmente desprotegida.
- b-. que la víctima-denunciante haya mentido con su denuncia, teniendo algún interés espurio para arruinar la vida del denunciado.
- En ambos casos creemos necesario que se investigue la situación por parte de Fiscalía y por parte del Servicio Policial de Atención a la familia (SAF). Con esta medida conseguimos proteger a las verdaderas víctimas y castigar a quienes no lo son. Para ello, si el SAF viera, en el transcurso de su actuación, la posibilidad de estar ante alguna simulación de delito deberá recoger ese extremo en sus diligencias para que la fiscalía pudiera actuar de oficio tanto para la protección de la verdadera víctima como para acusar a la falsa denunciante.
- Pedimos también que, en cada proceso investigado por el SAF, se adjunten en las diligencias todas las posibles denuncias existentes entre los dos sujetos, o entre los dos sujetos y otros terceros -hayan llegado a término o no- así como otras posibles denuncias presentadas por mismos o similares motivos por la víctima-denunciante. Con esto se pretende que el juez, a la hora de instruir un procedimiento, tenga conocimiento amplio de los antecedentes en cuanto a denuncias y resultados de ambas partes.
- Queremos modificar el Código Penal para aumentar las penas en caso de simulación de delitos y denuncias falsas, en todo tipo de delitos.
- Pedimos que se concedan las mismas ayudas públicas a todas las víctimas de malos tratos, mujeres y hombres, para que puedan rehacer sus vidas.
- Creemos que los fondos destinados a resolver el problema del maltrato deben llegar a la personas que verdaderamente lo necesitan, por eso proponemos la devolución de todas las ayudas económicas en el caso de que se haya accedido a ellas por su condición de víctima y el resultado final haya sido la absolución del denunciado.
- Pedimos el fin de las campañas para la prevención de la violencia de género, para orientarlas hacia la prevención de la violencia intrafamiliar.
- Queremos crear un nuevo teléfono 018 al servicio de cualquier víctima de violencia intrafamiliar.
- Queremos transformar el Observatorio para la Violencia de Género en un Observatorio para la Violencia Intrafamiliar que contemple y estudie los datos y circunstancias de todo tipo de violencia en el seno familiar. Especial atención requiere el creciente problema del maltrato de menores a sus padres. También es preciso estudiar los protocolos y procedimientos actuales para la retirada de manera cautelar de niños, por problemas de no asistencia a clases, higiene, alimentación. Es preciso evitarlos en lo posible, haciendo un estudio pormenorizado de la familia para ver si una ayuda integral al entorno familiar en sí podría evitar la retirada, ya que se da la paradoja de que, posteriormente las familias de acogida sí son ayudadas económicamente.
- Queremos realizar un auditoría sobre las subvenciones europeas para combatir la violencia de género. También queremos aumentar el control de las mismas. Queremos que se cree una comisión de investigación para estudiar el destino dado a los fondos otorgados a todas las Asociaciones y colectivos que en los últimos 10 años se han dedicado a la ayuda de las mujeres víctimas de violencia de género.
- Pedimos que el SAP, también llamado interferencia parental, se tipifique como maltrato psicológico.
- Queremos reconvertir los juzgados de violencia de género en juzgados de Violencia Intrafamiliar que tengan erradicada la perspectiva de género. En cada partido judicial habrá un Juzgado de Violencia Intrafamiliar. Cualquier denuncia de violencia será atendida por este juzgado y será este el competente para conocer los procedimientos de familia. No obstante, en el caso de denuncia, y que con posterioridad se consiga una sentencia absolutoria, el asunto civil debe ir por las normas de reparto. Con esto se evita el estigma para ambas partes de tener durante toda su vida una sentencia de divorcio encabezada por un Juzgado de Violencia intrafamiliar, máxime teniendo en cuenta que cuando hay niños por medio, hay que presentar esta sentencia en organismos administrativos.
- Creemos necesario crear más grupos especializados para la elaboración de los informes de medicina legal (IML), para dar la atención adecuada a los juzgados. Es preciso destinar una partida del presupuesto para la prevención de la violencia intrafamiliar, a este cometido.
- Todas las víctimas importan. Pedimos un minuto de silencio oficial para todas las víctimas de violencia intrafamiliar.
- Queremos incrementar el número de puntos de encuentro familiar para atender las situaciones de familia conflictivas. Estos puntos de encuentro deberán estar dotados con equipos psicosociales de gestión pública y no ideologizados.
- Queremos fomentar campañas de concienciación contra todo tipo de violencia intrafamiliar, no sólo contra una parte de ella.
- Queremos elaborar un protocolo de actuación para detectar a tiempo casos de violencia intrafamiliar tanto en los centros educativos como en los centros de salud.
- Queremos que se suspendan todas las ayudas y subvenciones a las asociaciones relacionadas con la actual “violencia de género”, mientras no se dediquen a la ayuda tanto de mujeres, hombres y niños sin discriminación.
- Se habilitarán casas de acogida tanto para mujeres como para hombres víctimas de violencia, por un periodo de entre 3 y 6 meses, a una comunidad autónoma distinta a la suya, con el objeto de ofrecerle la oportunidad y ayudas para que pueda rehacer su vida.
- Se fomentará la reinserción de las mujeres y hombres víctimas de violencia en entornos laborales bonificando a las empresas que los contraten.