En Igualdad Real no nos basta con hablar de regeneración democrática, creemos que los cambios que se deben realizar son mucho más profundos y por eso queremos hablar también de reforma de la democracia. El ciudadano de a pie está cansado ya de la clase política. La historia se repite cada cuatro años. Una vez que el político accede al poder se dedica a legislar de espaldas a la gente. Estamos de acuerdo en que la democracia es el mejor de los sistemas posibles, pero es ampliamente mejorable.
Proponemos medidas contra la corrupción y de mejora de la división de poderes, pero también creemos que existen reformas legales que pueden ayudar a las personas de a pie a tomar las riendas de las decisiones políticas que afectan a su día a día. El Congreso de los Diputados es la expresión de la voluntad popular, que ha delegado en los diputados para que legislen, sin embargo, la actual ley electoral española favorece a los partidos mayoritarios tradicionalmente asentados. Esto significa que el sistema favorece al poder, no al ciudadano. Sócrates no confiaba en la democracia porque decía que la opinión de la mayoría - si está desinformada - es manipulable. Para él lo importante era el poder del ciudadano informado.
Hoy en día, en la sociedad en la que vivimos, hay un exceso de información y desinformación. Entendemos que el verdadero ciudadano informado es aquel que participa del cambio social a través del asociacionismo. Creemos que multitud de plataformas ciudadanas informadas se han topado con el muro del poder cuando intentaban hacer valer sus reivindicaciones, nosotros queremos abrirles las puertas: colectivos en defensa de la sanidad pública, en defensa de las pensiones, contra los abusos en las hipotecas, diversidad funcional… deben tener la oportunidad de tener voz propia en el Congreso, para así poder ser escuchados.
- Queremos reducir las barreras electorales desde el actual 3%-5% al 1%, de manera que se abran las puertas del Congreso a esas voces minoritarias en representación de la ciudadanía y nos oponemos a la implantación de un umbral mínimo de entre el 2% y el 5% propuesto a partir de las elecciones europeas de 2014 que aprobó la Eurocámara en 2018.
- Proponemos eliminar la exigencia de presentar firmas ciudadanas o avales electos para nuevas candidaturas. La obligación de presentar firmas, exclusiva y repetida para los partidos sin representación previa es contraria a la igualdad de oportunidades entre las candidaturas. Desde 2014 se han solicitado en cinco ocasiones (tres elecciones generales y dos europeas) y en Cataluña además se piden en elecciones Autonómicas.
- Proponemos dar el mismo tiempo a los espacios para campaña electoral en medios de comunicación para todas las candidaturas. Cada convocatoria es una propuesta nueva al electorado y no debe estar condicionada por elecciones de cuatro años atrás. En cada convocatoria todos los partidos deben jugar en igualdad de condiciones.
- Exigimos la eliminación de las subvenciones por envío postal publicitario de candidaturas. Estas subvenciones son un gasto inútil para los ciudadanos y sólo beneficia a ciertos partidos. Implantación, en su lugar, de un portal web con información por igual de todas las candidaturas que tengan difusión apropiada en los distintos medios de comunicación públicos.
- Pedimos la eliminación del voto rogado que dificulta e, incluso, impide el voto de los residentes en el exterior.
- Queremos mejorar la proporcionalidad en el reparto por circunscripción, bien modificando el método matemático de la ley d’Hont a Sainte-Laguë, bien con la utilización de un sistema de escaños compensatorios. Existen modelos de reparto de escaños que reflejan de manera mucho más ajustada la proporcionalidad de los votos.
- Queremos dar al voto en blanco la misma validez que el resto de votos válidos, asignándole escaños, contabilizándolos a la hora de alcanzar mayorías cualificadas.
- Queremos modificar la legislación y el sistema electoral, estableciendo listas desbloqueadas o abiertas, en las que se pueda tachar o excluir a algunos de los candidatos.
- Proponemos modificar la forma de elección en el Senado utilizando, por ejemplo, un sistema preferencial o limitando a dos candidaturas de los partidos manteniendo la elección de tres candidatos por votante, para evitar que un partido consiga mayoría absoluta en el Senado con un apoyo real del electorado muy inferior, tal y como ocurre actualmente.
- Queremos acabar con la ley que permite los aforamientos a políticos. El aforamiento constituye una coraza de impunidad para aquellos políticos corruptos. En España siguen existiendo más de 250.000 aforados.
- Exigimos una ley para derogar de manera urgente el artículo 324 de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se trata de un artículo que limita los periodos de investigación judicial en delitos tan graves como los de corrupción. Entró en vigor el 6 de diciembre de 2015 y establece un plazo general de seis meses y uno especial de 18 meses para las investigaciones complejas. Ahora mismo ya hay asuntos de corrupción que han prescrito en virtud de esta reforma legal.
- Queremos modificar el artículo 122 de la CE. Proponemos que se atribuya exclusivamente a los magistrados la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, entre candidatos que fueran en su mayoría magistrados, con adición de una minoría de juristas de reconocido prestigio; y que, a su vez, se atribuya al Parlamento la facultad de vetar por mayoría absoluta a miembros electos del Consejo General, que en su caso serían reemplazados por suplentes predeterminados.
- Respecto a miembros del Tribunal Constitucional, proponemos que la designación de los miembros del TC permanezca tal y como lo regula en el art.159: 12 miembros nombrados por el Rey; 4 a propuesta del Congreso (por mayoría de 3/5), 4 a propuesta del Senado (por idéntica mayoría), 2 a propuesta de CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) y dos a propuesta del Gobierno. Pero creemos deseable y necesario establecer un sistema de contrapesos entre los poderes otorgando al CGPJ el derecho a veto tanto sobre los candidatos propuestos por el ejecutivo (gobierno) como sobre los propuestos por el legislativo (Congreso y Senado). Recordemos que el Tribunal Constitucional tiene competencias tan importantes como controlar la constitucionalidad de las leyes, resolver conflictos entre órganos constitucionales o resolver los recursos de amparo por la vulneración de los derechos y libertades fundamentales. Asegurar la independencia de este órgano redundaría en un aumento de la calidad de nuestra democracia.
- Proponemos integrar a los fiscales en el ámbito de la magistratura, con su propia normativa interna, y atribuir al Consejo General el nombramiento del Fiscal General. Este es un cambio necesario dado que, el Poder Judicial actual, no es enteramente independiente, entre otras cosas, porque el gobierno se reserva el nombramiento de la cúspide jerárquica de la Fiscalía, el Fiscal General del Estado, y mantiene a los fiscales fuera del alcance de la autoridad del Consejo General del Poder Judicial. De los fiscales depende no sólo perseguir los delitos, sino también no perseguirlos. La lucha contra la corrupción resultará mucho más efectiva con estos cambios propuestos, evitando que los gobiernos se aprovechen de esta situación anómala de la fiscalía.
- Proponemos la creación de una policía judicial enteramente dependiente del CGPJ. Bajo la legislación actual, la independencia del poder judicial se ve afectada por carecer de una policía judicial propia. La situación actual es que el CGPJ tiene a sus órdenes funcionalmente a agentes de las distintas policías existentes, pero éstos dependen orgánicamente de los poderes ejecutivos estatales o autonómicos, dejando en manos de dichos organismos la designación de los integrantes de dicha policía, lo que facilita el entorpecimiento de las investigaciones.
- Queremos que se limite a dos el número de mandatos de los miembros del CGPJ. Es preciso tener en cuenta que la Sala Civil y la Sala Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, tienen competencias en materia de causas frente a aforados.
- En la actualidad, todos los expresidentes de Gobierno de España reciben una paga vitalicia que ronda los 90.000€ anuales. Creemos que esa compensación debe dejar de ser vitalicia, para limitarla a un periodo de 2 años, con tres años más de reducción proporcional de la asignación, hasta quedar extinta.
- Por otro lado, todos los expresidentes del Gobierno de España pasan a formar parte automáticamente del Consejo de Estado, de manera vitalicia, del que cobran unos 75.000€ anuales. Nosotros proponemos la remodelación del Consejo de Estado, reduciendo el número de consejeros a 15. (En la actualidad, 30 miembros, y creciendo).
- Proponemos una restricción similar para las comunidades autónomas que establecen sistemas similares con sus diferentes “Consejos Consultivos”.
- Queremos establecer un tope o límite máximo de tres legislaturas los mandatos de los cargos políticos para evitar que la política se convierta en un modus vivendi.
- Queremos modificar la Ley del Indulto, - Ley de 18 de junio de 1870, de Reglas para el ejercicio de la Gracia de indulto- de manera que haya delitos excluidos de ser indultados. No se beneficiarán de la gracia del indulto los condenados por delito de corrupción ni los condenados por delitos graves.
- Queremos facilitar el ejercicio de la acción popular como forma de evitar la injerencia política en la persecución de determinados delitos. Al no ser solo el Estado el único que ejercite la acción penal conseguiremos un sistema más limpio, y eficaz contra la corrupción. La acción popular supone la atribución de legitimación activa para que un ciudadano pueda personarse en un proceso sin necesidad de invocar la lesión de un interés propio, sino en defensa de la legalidad. Se trata, por tanto, de una manifestación del derecho público subjetivo al libre acceso a los Tribunales en que las pretensiones que se mantengan sean de interés público. Por tanto, la acción popular se enmarca dentro del más amplio espacio del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 CE. La acción popular no puede estar sometida a trabas legales, y por tanto, no sometidos a tasas ni fianzas, para que con ello no se obstaculice su ejercicio, puesto que el juez instructor tiene los mecanismos para evitar abusos en la utilización torticera de este derecho.
- En los delitos de corrupción y contra la administración de justicia se supeditará el disfrute de beneficios penitenciarios a la devolución de lo defraudado. En caso contrario debe cumplirse la totalidad de la pena.